20/08/2025

By Ghaleb Krame

Introducción

Un dron estadounidense sobrevolando el Estado de México durante horas.

Dos tandas de extradiciones históricas que, en apenas seis meses, han vaciado

prisiones mexicanas de capos legendarios y operadores clave del fentanilo.

El gobierno de Claudia Sheinbaum insiste: no hay acuerdos secretos con la DEA. Pero

los hechos muestran otra realidad. ¿Estamos ante un ejercicio de cooperación bilateral

que protege a ambos países, o frente a la cesión gradual de los pilares de la soberanía

mexicana?

Este Reporte Krame aplica un “auto-test rápido” para medir si México ejerce su

soberanía —población, territorio, gobierno y orden jurídico— y examina cómo drones y

extradiciones se han convertido en el laboratorio más crudo de esa tensión.

¿Qué es la soberanía?

La soberanía es el principio que otorga a un Estado la autoridad suprema sobre su

población, su territorio, su gobierno y su orden jurídico. Desde el siglo XVI hasta

nuestros días, distintos pensadores han matizado su alcance y significado.

Jean Bodin, en 1576, la definió como “el poder absoluto y perpetuo de una república”.

Para él, la soberanía era indivisible y no admitía limitaciones dentro de los confines del

Estado. Thomas Hobbes, menos de un siglo después, llevó la idea al extremo en

Leviatán (1651): sin un soberano capaz de monopolizar la violencia, los hombres

caerían en una anarquía permanente, condenados a una vida “solitaria, pobre,

desagradable, brutal y corta”. En su visión, la soberanía no era un derecho decorativo,

sino el único antídoto contra el caos.

Ya en el siglo XX, Hans Kelsen desplazó el concepto hacia el plano jurídico,

subrayando que la soberanía descansa en la Constitución y en el orden normativo

supremo que garantiza la unidad del Estado. Más tarde, Stephen Krasner (1999)

modernizó la discusión al distinguir entre tres dimensiones: la soberanía legal,

entendida como el reconocimiento externo de otros Estados; la soberanía de control

interno, es decir, la capacidad real de ejercer autoridad sobre el propio territorio; y la

soberanía de interdependencia, la facultad de tomar decisiones sin presiones o

imposiciones externas, particularmente en ámbitos de seguridad y economía.

En suma, la soberanía no es un atributo abstracto, sino una condición práctica que

exige al Estado proteger a su población, controlar su territorio, preservar un gobierno

legítimo y sostener un orden jurídico autónomo.

Allí donde alguno de estos cuatro pilares se fractura, la soberanía deja de ser

plena y se convierte en una versión erosionada, disputada o compartida.

Radiografía de soberanía 2025

La soberanía, entendida como la autoridad suprema del Estado sobre su población, su

territorio, su gobierno y su orden jurídico, no es un concepto abstracto: se expresa en la

práctica diaria. Si cualquiera de estos pilares se fractura, la soberanía deja de ser plena

y se convierte en parcial, erosionada o disputada.

A continuación, un corte de diagnóstico sobre la soberanía mexicana en 2025:

1. Población. El contrato social supone que el Estado protege a sus ciudadanos.

Sin embargo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad

(ENVIPE, INEGI 2024) muestra que 64% de los mexicanos se sienten

inseguros en su propia comunidad. En estados como Guerrero, Michoacán o

Tamaulipas, los cárteles ejercen funciones cuasiestatales: cobran impuestos,

resuelven disputas, financian festividades y proveen seguridad. International

Crisis Group (2023) documenta que en múltiples regiones la población paga

cuotas de protección directamente a organizaciones criminales. La relación con

el Leviatán estatal es intermitente, sustituida por “soberanos fragmentados”.

2. Territorio. Para Carl Schmitt, soberanía significa control del espacio. En México,

el Comando Norte de EE.UU. (NORTHCOM) estima que 35–40% del territorio

nacional está bajo influencia criminal. ACLED (2025) ubica las principales

zonas disputadas en la Tierra Caliente, el noreste y la frontera norte, corredores

claves para el trasiego de drogas, armas y migrantes. Los puertos de Manzanillo

y Lázaro Cárdenas, vitales para la entrada de precursores de fentanilo, tampoco

están libres de control criminal. El resultado es un mapa político fragmentado.

3. Gobierno. Max Weber definió al Estado por el monopolio legítimo de la

violencia; Hobbes, por el soberano que evita la guerra de todos contra todos.

México exhibe fisuras en ambos planos. Durante las elecciones de 2024,

Integralia reportó más de 550 agresiones contra políticos y candidatos,

incluidos 34 asesinatos. El INE reconoció renuncias obligadas en al menos

ocho estados por amenazas directas de grupos criminales. La Unidad de

Inteligencia Financiera (UIF) abrió investigaciones por financiamiento ilícito en

campañas de Guerrero y Michoacán. La democracia mexicana, lejos de plena,

funciona bajo la sombra de la violencia organizada.

4. Orden jurídico. Hans Kelsen concebía la Constitución como la norma suprema

que garantiza la unidad del Estado. En México, la autonomía judicial está

seriamente comprometida. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

(2024) documentó que 25 jueces y magistrados han sido investigados por

vínculos con el narcotráfico en la última década. Casos como la liberación de

Ovidio Guzmán en 2019 revelan la presión directa de los cárteles sobre el

sistema de justicia. En comunidades de Chiapas o Michoacán, las “leyes del

narco” o las asambleas comunitarias sustituyen al derecho constitucional. El

resultado es un orden híbrido, donde coexisten dos marcos normativos en

tensión.

Índice de soberanía (escala 0–10 por pilar)

Resultado 2025 (estimado): alrededor de 15 puntos de 40 posibles. México no

carece de soberanía, pero la ejerce de manera erosionada, fragmentada y

disputada.

3. Drones en el cielo mexicano: soberanía aérea compartida

La soberanía no se limita a tierra y población: también abarca el espacio aéreo. El

derecho internacional lo reconoce desde el Convenio de Chicago de 1944, que

establece que “todo Estado tiene soberanía completa y exclusiva sobre el espacio

aéreo situado encima de su territorio”. En otras palabras, ningún aparato extranjero

debería operar sin autorización expresa.

Sin embargo, en agosto de 2025 se reveló que un dron estadounidense sobrevoló

durante horas el Estado de México. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch,

sostuvo que el vuelo ocurrió “a petición nacional”, mientras la presidenta Claudia

Sheinbaum aclaró que “no existe acuerdo con la DEA” respecto a la llamada operación

Portero (Reuters, 19/08/2025). La contradicción entre el discurso oficial y la evidencia

pública plantea un dilema: ¿cooperación estratégica o cesión tácita de soberanía

aérea?

El dron no es solo un aparato militar: es un símbolo de los límites reales de la

soberanía mexicana. Si seguimos a Bodin —soberanía como poder absoluto—, su

mera presencia equivale a una cesión. Si usamos a Krasner —soberanía de

interdependencia—, puede leerse como cooperación estratégica frente a amenazas

transnacionales (fentanilo, armas, migración).

En cualquier caso, la frontera entre cooperación y subordinación se vuelve difusa. El

Estado mexicano mantiene una narrativa de control, pero permite operaciones

extranjeras que, en la práctica, implican soberanía compartida.

Extradiciones: justicia binacional o soberanía judicial condicionada

La extradición es uno de los instrumentos más sensibles de la cooperación internacional. En teoría, refleja el principio de reciprocidad: un Estado entrega a un individuo para que sea juzgado en otro, sin perder su soberanía. Pero en la práctica, cuando la mayoría de las extradiciones son unilaterales y los casos están ligados a intereses estratégicos de Washington, la pregunta inevitable es si México ejerce soberanía judicial o si la comparte —o incluso la cede— en favor de su vecino del norte.

En 2025, la administración de Claudia Sheinbaum ejecutó dos entregas masivas sin precedentes que marcaron un giro respecto al sexenio anterior:

• Febrero 2025: la primera entrega.
  Fueron 29 extraditados, incluidos capos históricos como Rafael Caro Quintero (fundador del Cártel de Guadalajara, buscado por décadas por el asesinato de un agente de la DEA) y los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño (“Z-40” y “Z-42”, líderes de Los Zetas). Esta tanda, que involucró a miembros de al menos ocho cárteles, fue presentada como un “golpe histórico”. Lo extraordinario fue que, por primera vez en la historia reciente, se permitió que seis casos pudieran enfrentar pena de muerte en EE.UU., rompiendo un tabú de la política exterior mexicana. Contexto: la entrega ocurrió bajo amenazas de Trump de imponer tarifas de hasta 25% a las exportaciones mexicanas.
• Agosto 2025: la segunda entrega.
  Se enviaron 26 extraditados, esta vez con un perfil distinto: operadores activos de las redes de fentanilo y finanzas del Cártel de Sinaloa y el CJNG. Entre ellos, Abigael González Valencia (“El Cuini”), cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”; Servando Gómez “La Tuta”, exlíder de los Caballeros Templarios; y Juan Carlos Félix Gastélum, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada. A diferencia de febrero, esta vez se garantizó que ninguno enfrentaría la pena de muerte, mostrando que Washington concedió terreno legal para asegurar la cooperación. Contexto: la entrega fue parte de un entendimiento tácito con Trump para evitar una nueva escalada arancelaria y contener amenazas de operaciones militares.

La diferencia entre las dos entregas ilustra el dilema soberano de México:

• Febrero fue una acción espectacular, mediática y punitiva, que proyectó dureza pero reveló presión externa y concesiones inéditas.
• Agosto fue quirúrgica y estratégica, centrada en redes de fentanilo que afectan directamente la crisis de opioides en EE.UU., y menos en figuras “icónicas”.

En conjunto, suman 55 extradiciones en seis meses, una cifra que supera los promedios anuales de sexenios anteriores. Para Washington, refuerzan la narrativa de que los cárteles mexicanos son “organizaciones terroristas” que amenazan la seguridad nacional. Para México, proyectan pragmatismo: se evita un choque económico con Trump, pero a costa de diluir la autonomía del sistema judicial.

Comparativo de las dos tandas de extradiciones en 2025

Así, la primera tanda (febrero) fue espectacular y mediática, golpeando a capos legendarios bajo fuerte presión política. La segunda (agosto) fue quirúrgica y estratégica, enfocada en el fentanilo y negociada para preservar la relación comercial. Ambas, sin embargo, confirman un hecho: la soberanía judicial mexicana opera hoy en clave condicionada y negociada.

Análisis estratégico: cooperación útil o soberanía condicionada

Los drones estadounidenses sobrevolando el corazón del país y las extradiciones masivas de capos no son episodios aislados, sino parte de un mismo proceso: la externalización parcial de la seguridad mexicana hacia Washington. Son mecanismos de cooperación bilateral, sí, pero también radiografías de un Leviatán incompleto que ya no gobierna solo.

En el plano bilateral, la asimetría es estructural. Desde el TLCAN en los años noventa hasta el T-MEC actual, México ha aprendido que su margen de maniobra frente a Estados Unidos está condicionado por el poder económico de su vecino. Hoy, esa asimetría se replica en la seguridad. Para Washington, los drones proveen inteligencia en tiempo real y las extradiciones aseguran que los capos no operen desde cárceles mexicanas, donde la corrupción y la impunidad han sido históricamente la regla. Para México, el beneficio inmediato es evitar sanciones arancelarias como las que Trump amenazó en febrero de 2025, además de obtener cierto respaldo político en medio de la crisis del fentanilo. La balanza, sin embargo, es clara: son los intereses de Estados Unidos —opioides, migración, armas— los que marcan la agenda, y México ajusta sus decisiones en consecuencia. El propio Donald Trump lo sintetizó sin matices en una entrevista reciente: “Mexico does what we tell them to do, and Canada does what we tell them to do, because we had the two borders.” Cruda, pero reveladora, la frase encapsula cómo se percibe desde Washington la relación: cooperación en la forma, subordinación en el fondo.

En materia de seguridad, los resultados son de doble filo. En el corto plazo, los drones permiten ubicar laboratorios de fentanilo con precisión quirúrgica y las extradiciones han sumado 55 capos en apenas seis meses, más del doble del promedio anual de sexenios anteriores. Según la DEA, tras la primera entrega de febrero se registró una caída del 12% en los decomisos de fentanilo en la frontera, signo de disrupción temporal en las cadenas de suministro. Pero los efectos de segundo orden son menos alentadores: la extradición de Caro Quintero provocó un vacío en Sonora que disparó los homicidios en un 18% ese mismo mes, mientras la salida de otros líderes acelera la fragmentación de los cárteles en facciones más pequeñas, violentas y difíciles de controlar. La operación con drones, por su parte, abre otra vulnerabilidad: México depende del hardware, software e inteligencia estadounidenses porque carece de capacidades propias equivalentes en sistemas ISR, lo que profundiza la dependencia tecnológica.

El impacto político y social tampoco es menor. La presidenta Sheinbaum insiste en que “no hay acuerdos secretos con la DEA”, pero la contradicción entre discurso y hechos erosiona credibilidad. Para sus críticos, drones y extradiciones son símbolos de sumisión: México renuncia a su soberanía a cambio de estabilidad económica. Para sus defensores, en cambio, se trata de realismo político: ceder parcialmente en soberanía es preferible a arriesgar un choque con Trump que podría costar más de 400 mil millones de dólares en exportaciones. La sociedad mexicana observa incrédula cómo el Leviatán nacional invoca soberanía en el discurso, mientras admite la intervención extranjera en los hechos.

Hacia adelante se perfilan tres escenarios. En uno de cooperación controlada, México aceptaría drones y extradiciones bajo un marco bilateral explícito, preservando cierta narrativa de soberanía compartida. Esto le daría acceso a inteligencia y alivio comercial, aunque con una legitimidad frágil frente a la oposición y la opinión pública. En un escenario de cesión gradual, Washington intensificaría su rol con vuelos permanentes y extradiciones rutinarias, convirtiendo a México en un Estado tutelado en materia de seguridad. El beneficio sería una disrupción más sostenida de las cadenas de opioides, pero a costa de una erosión profunda de la autonomía nacional. En un tercer escenario, de resistencia activa, México podría frenar nuevas extradiciones y prohibir drones extranjeros, reivindicando soberanía plena. El costo sería inmediato: sanciones arancelarias, reducción de cooperación en inteligencia y la amenaza latente de operaciones unilaterales de Estados Unidos bajo la doctrina antiterrorista.

La síntesis estratégica es clara: México está atrapado entre dos pulsiones. Cooperar para sobrevivir económicamente en el corto plazo o resistir para preservar su narrativa soberana en el largo plazo. Los drones y las extradiciones son apenas las manifestaciones visibles. El verdadero desafío es si el Estado mexicano será capaz de reconstruir los cuatro pilares de la soberanía —población, territorio, gobierno y orden jurídico— para no depender de un Leviatán extranjero que, poco a poco, comienza a gobernar desde fuera.

Conclusiones

Drones sobrevolando el Estado de México y extradiciones masivas de capos históricos y operativos no son episodios aislados, sino señales de un proceso más profundo: la soberanía mexicana puesta a prueba en sus cuatro pilares —población, territorio, gobierno y orden jurídico—.

En ambos casos, el patrón se repite. La narrativa oficial insiste en la cooperación voluntaria, pero los hechos revelan un margen de decisión condicionado por presiones externas y limitaciones internas. Los drones exhiben hasta qué punto el Estado mexicano comparte el control de su espacio aéreo; las extradiciones muestran cómo la justicia nacional se supedita a las necesidades políticas y judiciales de Washington.

La verdadera cuestión no es si México coopera o resiste, sino cuánto margen conserva para decidir por sí mismo. Hoy ese margen es reducido. El país opera bajo un equilibrio inestable: cede parcialmente para sobrevivir económicamente y evitar sanciones, mientras intenta preservar una narrativa de autonomía que cada vez resulta menos convincente.

En este contexto, los drones y las extradiciones deben entenderse como algo más que instrumentos de cooperación bilateral: son pruebas de estrés de la soberanía mexicana, indicadores de hasta dónde puede resistir un Estado que gobierna hacia adentro de manera fragmentada y hacia afuera de manera condicionada. El dilema no es abstracto: es el retrato de un Leviatán que ya no reina solo sobre su propio territorio.